El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Reus, Javier Vaquero, ha denunciado la gravísima irresponsabilidad política que ha supuesto la creación de FuneCamp, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya anulado los acuerdos que dieron cobertura legal al proyecto y haya condenado en costas a sus promotores.
La sentencia confirma lo que VOX Reus advirtió desde el primer día: FuneCamp era un proyecto ideológico, improvisado y jurídicamente cuestionable, impulsado sin garantías suficientes y poniendo en riesgo dinero público. “El gobierno municipal prefirió la propaganda política al rigor legal, y hoy los tribunales desmontan ese montaje”, ha afirmado Vaquero, recordando que se trató de una iniciativa planteada más desde el relato político que desde la viabilidad jurídica y económica.
Desde VOX señalan que este fracaso no solo ha generado inseguridad jurídica, sino que ha expuesto al Ayuntamiento a costes judiciales y a un descrédito institucional innecesario. A juicio del portavoz, se intentó competir en un sector privado utilizando el respaldo del erario público, alterando el mercado y comprometiendo recursos que pertenecen a todos los vecinos de Reus.
Asimismo, Vaquero ha subrayado que se prometieron servicios funerarios más baratos que nunca llegaron a materializarse en los términos anunciados. “Se vendió a las familias de Reus una supuesta alternativa económica que terminó situándose en precios similares a los del mercado. Fue una operación política envuelta en un discurso social que no resistió la realidad”, ha señalado.
Ante este escenario, VOX Reus exige la asunción inmediata de responsabilidades políticas por parte de quienes impulsaron este proyecto fallido, así como la comparecencia pública del gobierno municipal para explicar el alcance económico y jurídico de la sentencia y la paralización de cualquier intento de sostener artificialmente FuneCamp con más recursos públicos. “Reus no puede permitirse aventuras ideológicas que cuestan dinero y credibilidad. Los vecinos merecen una gestión seria, legal y transparente, no proyectos que terminan siendo corregidos por los tribunales”, ha concluido el portavoz.
