El portavoz del grupo municipal VOX en Reus, Javier Vaquero, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas en relación con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa privada gestora de Canal Reus Televisión, tras las informaciones publicadas recientemente.
Vaquero ha señalado que “nos encontramos ante una empresa privada que ha obtenido beneficios en el último ejercicio y que, pese a ello, ha visto incrementado el importe del convenio en aproximadamente un 11%, además de aprobarse su prórroga en este pleno”, una situación que, a su juicio, “genera dudas razonables sobre la correcta gestión de los recursos públicos”.
Desde VOX advierten de la posible inadecuación del instrumento utilizado, recordando que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que la actuación del sector público debe regirse por los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. En este sentido, Vaquero ha subrayado que “cabe cuestionar si este convenio está siendo utilizado para evitar un procedimiento de licitación pública que garantice la igualdad de oportunidades y la eficiencia en el gasto”.
El portavoz de VOX también ha puesto el foco en la falta de información pública sobre el conjunto de actividades vinculadas a la empresa, incluyendo una productora privada asociada, señalando que “no se dispone de datos suficientes para conocer la situación económica consolidada del grupo, lo que dificulta una correcta fiscalización”.
Asimismo, VOX ha solicitado al gobierno municipal que aclare cuál es la base jurídica que justifica la utilización de la figura del convenio en este caso, si existen informes jurídicos y de intervención que avalen su legalidad y qué criterios han motivado el incremento del importe pese a los beneficios de la empresa.
“El Ayuntamiento debe garantizar que cada euro de dinero público se gestione con transparencia y conforme a la legalidad. No vamos a permitir opacidad ni decisiones que puedan perjudicar a los vecinos”, ha afirmado Vaquero.
Por último, el grupo municipal VOX ha anunciado que este expediente será analizado por sus servicios jurídicos y no descarta trasladarlo a los órganos de control competentes, como el Tribunal de Cuentas o la Oficina Antifraude, en caso de detectarse posibles irregularidades.
