El vicepresidente de Acción Política y Eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, acompañado por los diputados nacionales; Rubén Darío Vega y José María Sánchez, ha participado esta mañana en la concentración de embarcaciones en la boca del Puerto de Riveira, en la provincia de La Coruña, contra la reciente aprobación de un nuevo Reglamento de Control Pesquero en Bruselas.
Además, en la tarde del jueves, los representantes de VOX se reunieron con la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores junto a los presidentes provinciales de VOX La Coruña, Miguel Ángel Fernández; VOX Pontevedra, Álvaro Diaz-Mella; y VOX Lugo; Sonia Teijeiro. Durante el encuentro, abordaron diversas cuestiones que preocupan a los pescadores gallegos. El punto principal ha sido el Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea, aprobado el pasado marzo en el Parlamento Europeo, y que preocupa de manera especial al sector.
Buxadé ha expresado su preocupación por el nuevo reglamento que “pone en riesgo el futuro de la pesca artesanal en Galicia”. “Lamentamos que partidos nacionales como PSOE, PP o Ciudadanos hayan votado a favor de la aprobación del reglamento. Desconocen la realidad de la pesca en Galicia, hay 20.000 familias a las que se pone en riesgo. No lo podemos permitir”, ha afirmado.
Iniciativas en el Congreso y en el Parlamento Europeo
El vicepresidente de VOX ha anunciado, además, iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo con el objetivo de “no perder el modo tradicional de vida y de explotación de toda una tierra”.
Durante el transcurso de la reunión del jueves, los representantes de VOX ya mostraron su rechazo ante este nuevo reglamento, que consideran “insuficiente para responder a las necesidades de un sector que necesita mayor competitividad y menos burocracia”, según ha afirmado el presidente de VOX La Coruña.
Además, miembros de la formación han querido recalcar la necesidad de proporcionar una mayor flexibilidad a la hora de comunicar las capturas en mar, ya que el margen que existe es del 10% y resulta insuficiente para determinar qué está dentro de la ley.
