«Nadie votó el euro digital en las urnas, y el PP de Feijóo se ha aliado con la izquierda y el BCE para imponerlo sin condiciones»

VOX ha votado en contra y exige la retirada del proyecto: que se pare por completo

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó hoy el informe sobre el euro digital, del que es ponente el eurodiputado del PP Fernando Navarrete, con 43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. VOX ha votado en contra y exige la retirada del proyecto: que se pare por completo.

Para VOX, se trata de una imposición que ningún ciudadano europeo ha votado en las urnas, que no figuraba en ningún programa electoral y que avanza a través de comisiones y de los futuros trílogos a puerta cerrada, lejos del escrutinio de los votantes. El texto aprobado fija la posición del Parlamento de cara al pleno, previsto del 6 al 9 de julio, y a la negociación posterior con el Consejo y la Comisión.

Lo que supone el euro digital es entregar al BCE el control de los pagos. Sería una moneda emitida directamente por el Banco Central Europeo, cuya modalidad online se liquidaría sobre la propia infraestructura del organismo. Por primera vez, una institución no electa controlaría la arquitectura por la que pasarían los pagos digitales de cientos de millones de ciudadanos. Frente al efectivo, que permite pagar sin dejar rastro, el euro digital registraría cada operación. El BCE asegura que no accederá a los datos personales y promete el «máximo nivel de privacidad», pero VOX advierte de que la capacidad técnica para rastrear y, llegado el caso, condicionar el consumo quedaría construida: lo que hoy prohíbe el reglamento, mañana podría habilitarlo otra mayoría. A ese riesgo se suma el del ahorro: permitir que los ciudadanos tengan dinero directamente en el BCE abre la puerta a una fuga de depósitos de la banca, algo que el propio diseño reconoce al fijar límites de tenencia.

VOX subraya, además, que nada de esto es necesario. La iniciativa europea Wero y la alianza EuroPA que integra a Bizum ya conectan a más de 130 millones de usuarios en trece países, con despliegue en comercio y punto de venta en 2026 y 2027. El sector privado europeo ya está reduciendo la dependencia de Visa y Mastercard sin necesidad de que el BCE controle la infraestructura ni de comprometer los más de 1.300 millones de euros de desarrollo, más unos 320 millones anuales de funcionamiento, que costará el proyecto.

El partido carga también contra una de las enmiendas más polémicas del informe, que prevé controles de identidad simplificados o verificación pospuesta para determinados colectivos solicitantes de asilo y nacionales de terceros países sin documentos de identidad o domicilio, mientras el ciudadano común afronta los requisitos completos. VOX exige las mismas reglas para todos.

El foco de la crítica apunta al PP. El partido de Navarrete ha pilotado este informe plegándose, según VOX, a la Comisión Europea, al BCE, a la izquierda y a la CDU alemana. El propio ponente había defendido en su borrador inicial una versión más prudente un euro digital solo offline, respetuoso con la privacidad, y la modalidad online condicionada a que el sector privado no ofreciera ya una alternativa solvente, una cautela de la que el pleno ya se distanció en febrero al respaldar el modelo doble del BCE. VOX, junto al Grupo Patriotas por Europa, ofreció al PP recuperar esa condición que su propio ponente había escrito. El PP la dejó pasar y votó en contra, renunciando a la posición con la que él mismo arrancó la negociación.

Jorge Buxadé: ”Nadie ha votado en las urnas un euro digital, y el PP español lo ha impulsado y aprobado sin condiciones tras rendirse ante Bruselas, el BCE y la CDU. Le ofrecimos recuperar la condición que escribió su propio ponente y la dejó pasar. Europa ya tiene una alternativa privada de pagos; el PP prefiere la infraestructura del BCE y abre la puerta a vigilar cómo gastan su dinero los europeos. VOX exige retirar el euro digital para defender el efectivo, la privacidad y la soberanía de los ciudadanos.»»

VOX llevará al pleno del 6 al 9 de julio su exigencia de paralizar el proyecto, junto a la defensa del efectivo como dinero de curso legal y anónimo y la reclamación de unas mismas reglas para todos los ciudadanos.