El jefe de la delegación de VOX, Jorge Buxadé, ha solicitado formalmente un debate de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo sobre la amenaza al Estado de Derecho en España a cuenta de la amnistía.
Bajo el título “sobre la existencia de un claro riesgo de incumplimiento grave del Estado de Derecho en España, Buxadé quiere que la comisión parlamentaria debata en presencia de la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
En su solicitud, tramitada por el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), se explica la grave crisis constitucional que vive España por los planes de Pedro Sánchez de aprobar una ley de amnistía contra los golpistas del 1-O, y como evidencia adjunta la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial en vista de estos hechos.
Impunidad a cambio de votos
La petición de debate del ECR denuncia que “para permanecer en el poder, el presidente del Gobierno en funciones amenaza abiertamente la separación de poderes en España», y explica que Pedro Sánchez ha propuesto una ley de amnistía para que los políticos separatistas “puedan evitar ser procesados por graves crímenes a cambio de su apoyo” a la investidura. Estos crímenes, recuerda, “incluyen malversación, sedición e incluso cargos de terrorismo”.
Buxadé, a través del grupo ECR, recuerda que la propuesta de Sánchez “va en contra la de la Constitución española” que, en su artículo 62, prohibe los indultos generales, y enfatiza que su aprobación constituye una “peligrosa injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial”.
Segunda vez que VOX pide este debate
El pasado mes de septiembre, el ECR ya solicitó, a petición de VOX, un debate sobre la amnistía en la misma comisión de Justicia, pero Populares, Socialistas y Renew se opusieron porque, según ellos, la negociación de la ley no era oficial y sólo se hablaba de ella en la prensa. Pero Buxadé recuerda que ahora ya no tienen excusa –si es que aquello lo era– puesto que hay un compromiso público y directo de Sánchez con esta eventual ley y una declaración demoledora del Poder Judicial en contra de la misma.
La comisión parlamentaria tiene que estudiar esta petición de debate en su reunión del próximo 30 de noviembre.