01 julio, 2026
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la española Nadia Calviño, anunció el pasado 30 de junio la firma de sendos acuerdos de financiación por valor de 365 millones de euros con el Reino de Marruecos: un préstamo de 50 millones más una subvención comunitaria de 15 millones para la rehabilitación de la red ferroviaria de la ONCF, y un préstamo de 300 millones para reforzar la resiliencia de la red de autopistas gestionada por Autoroutes du Maroc (ADM).
Con esta operación, el BEI —brazo financiero de la Unión Europea, participado por los 27 Estados miembros— eleva a más de 12.000 millones de euros su inversión acumulada en el Reino alauita desde 1979, y prevé movilizar más de 700 millones adicionales en Marruecos a lo largo de 2026.
El anuncio se produce apenas cinco meses después de que, el 18 de enero de 2026, el caso mortal ferroviario de Adamuz (Córdoba) causara 46 muertos y más de un centenar de heridos, en un siniestro que reabrió el debate sobre el estado de conservación, la inversión y el mantenimiento de la red ferroviaria y de carreteras española, una situación que se repite en distintos grados en otros Estados miembros de la Unión.
Ante esta situación, el grupo parlamentario ha formalizado una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea en la que plantea las siguientes cuestiones:
1. Si considera coherente que se destinen fondos comunitarios a modernizar el ferrocarril marroquí mientras las redes ferroviaria y de carreteras española y de otros socios europeos arrastran un notable déficit de inversión, mantenimiento y seguridad.
2. Qué exigencias concretas de reciprocidad y competencia leal impone la Comisión a Marruecos como contrapartida de esta financiación, en particular en materia de competencia desleal de productos agrícolas, fraude en el etiquetado de origen, gestión de los flujos migratorios y colaboración efectiva en los retornos de migrantes en situación irregular.
3. Si un modelo de financiación exterior que no aparece vinculado públicamente a compromisos recíprocos verificables puede terminar consolidando una relación con terceros países marcada por la presión y las amenazas híbridas, en lugar de por el respeto mutuo de los compromisos adquiridos.
Desde el grupo parlamentario se subraya que no se cuestiona la cooperación con Marruecos como tal, sino la falta de coherencia y de condicionalidad visible en la política de financiación exterior de la Unión, en un momento en que los propios ciudadanos europeos exigen respuestas sobre el estado de sus infraestructuras críticas.