Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva Anticorrupción con la que, tras escándalos como el Qatargate, la Comisión decía pretender iniciar una lucha para perseguir la corrupción en sus formas de soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito, entre otras. Sin embargo, “el texto final es un lavado y blanqueo de la corrupción política en países como España”, ha declarado Jorge Buxadé en su intervención en el debate en Bruselas.
Patriotas, grupo en el que se integra VOX, ha sido el único grupo que se ha opuesto a esta rebaja de estándares. “La propuesta fue ligeramente mejorada en el Parlamento con nuestras enmiendas, que proponían prohibir amnistías e indultos a los políticos corruptos, práctica generalizada en el Gobierno de Sánchez, provocando titulares grandilocuentes en las filas populares”, ha explicado Buxadé. No obstante, a la hora de la verdad pactaron con los socialistas para eliminar todas estas protecciones, traicionando sus propias palabras: “El texto final es un gravísimo error político y un desastre técnico generado por esa funesta coalición de populares, socialistas y progres, que es un lastre para Europa”.
En definitiva, el Partido Popular ha cedido ante la posición del Partido Socialista, contraria a la aprobación de este texto, impidiendo así la posibilidad de tener una Directiva con capacidad real de incidencia en la lucha contra la corrupción sanchista. Para Buxadé: “Un documento apoyado por los socialistas españoles en materia de corrupción no puede ser bueno, o solo serlo para los familiares de Sánchez, sus secretarios de organización y los dirigentes separatistas enfangados en prevaricaciones y malversaciones”.
VOX critica que el PP haya contribuido a hacer la Directiva, tal como pedían los socialistas, compatible con la reforma que exige lucro personal para perseguir la malversación. Se ha pasado de un texto que consideraba delito “la utilización por un funcionario, de forma contraria a los fines previstos, de bienes cuya gestión se le haya encomendado” a uno ambiguo que permite la impunidad si no se demuestra beneficio personal. Esto “santifica la reforma penal de Sánchez para beneficiar a los golpistas en lo relativo al delito de malversación, pues permite a los Estados miembros optar entre que la conducta típica sea el ánimo de lucro propio o de terceros, o perjudicar los intereses de la entidad y, por tanto, es una estafa”, ha considerado el dirigente.
También se ha rendido el PP a no eliminar la prohibición de indultos y amnistías para delitos de corrupción, sustituyéndola por una mera obligación estadística sin consecuencia práctica.
En cuanto a los abusos de funciones, tentativa y agravantes, tras el pacto entre populares y socialistas solo se exigirá tipificar “las formas más graves” sin especificar cuáles. Los Estados podrán elegir a qué delitos aplican la tentativa (“al menos uno”) y qué agravantes tienen en cuenta (“al menos uno”).
“Es una Directiva deficiente que se basa en formulaciones que no conforman un texto jurídico sólido. Una oportunidad perdida para perseguir la corrupción de Sánchez y su Gobierno y para hacer justicia ante el lamentable perdón a los golpistas independentistas”, ha añadido Buxadé. Al tratarse de una Directiva, sólo se transpone en el derecho nacional, por lo que ninguna medida de prevención será aplicable a las propias instituciones europeas, pese a haberse propuesto tras el escándalo del Qatargate.