VOX ha llevado ante la Comisión Europea las revelaciones sobre la posible utilización de fondos vinculados a la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 en pagos relacionados con el denominado «caso Leire», después de que la Fiscalía Europea haya solicitado información para determinar si existen fondos de la Unión afectados.
El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión en la que reclama explicaciones sobre las consecuencias que tendría para las instituciones europeas que se acreditara la utilización irregular de fondos vinculados a aquella campaña.
La actuación de VOX llega después de conocerse que la Fiscalía Europea se ha interesado por la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha solicitado información para determinar si los hechos investigados afectan a fondos comunitarios.
Las informaciones conocidas apuntan concretamente a pagos realizados durante las campañas electorales de 2024 a Crónica Libre, medio vinculado a Leire Díez. Una testigo que declaró ante la UCO cuestionó la justificación de esos pagos y aseguró que el medio tenía escasa capacidad para asumir más publicidad. En relación con la campaña de las elecciones europeas, la investigación analiza un pago de 5.000 euros.
La Fiscalía Europea había recibido previamente una denuncia para que examinara si los hechos podían entrar dentro de sus competencias y, el pasado 7 de julio, solicitó conocer si en la investigación constaba la existencia de fondos europeos afectados. La UCO trasladó posteriormente la documentación al juez Pedraz.
Para VOX, el asunto adquiere además una dimensión europea por la posición que ocupan actualmente dirigentes socialistas que participaron en aquella candidatura. Teresa Ribera, cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas de 2024, es hoy vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, mientras que Iratxe García preside el Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.
Por ello, Buxadé pregunta directamente a la Comisión qué evaluación realiza de estas revelaciones dentro de su seguimiento del Estado de Derecho en España y si considera que, de acreditarse una financiación ilegal de aquella campaña, quedaría comprometida la legitimidad política de los cargos europeos beneficiados por ella, incluida la credibilidad de su propia vicepresidenta ejecutiva.
VOX pregunta además si la confirmación de los hechos investigados podría activar las herramientas previstas en el Reglamento 2020/2092, relativo al régimen de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, y poner en riesgo desembolsos de fondos europeos a España.
«Bruselas no puede exigir transparencia y Estado de Derecho a los europeos mientras mira hacia otro lado cuando las sospechas alcanzan al partido que gobierna España y a quienes hoy ocupan algunos de los puestos más importantes de las instituciones europeas. Si se acredita que dinero vinculado a una campaña europea terminó sirviendo para fines distintos de aquellos para los que estaba destinado, la Comisión tendrá que explicar hasta dónde llega su responsabilidad política y qué medidas piensa adoptar», ha señalado Buxadé.
La iniciativa registrada por el eurodiputado plantea tres cuestiones a la Comisión: su valoración de las revelaciones dentro del seguimiento del Estado de Derecho en España; las consecuencias políticas que tendría una eventual financiación ilegal para quienes resultaron beneficiados por aquella candidatura; y el posible impacto sobre los desembolsos europeos a España si se acreditara una afectación de los intereses financieros de la Unión.