VOX ha impulsado en Bruselas una resolución para solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo entre la UE y Mercosur, tras la maniobra de la Comisión Europea de dividir de forma unilateral un tratado negociado como un acuerdo único y mixto.
La Comisión pretende trocear el acuerdo UE-Mercosur en dos instrumentos separados, un Acuerdo Comercial Interino y un Acuerdo de Asociación, con el objetivo de evitar la ratificación por los Parlamentos nacionales y forzar su entrada en vigor por la vía rápida. Para VOX, esta operación supone una vulneración de los Tratados, del principio de equilibrio institucional y de los derechos democráticos de los Estados miembros.
VOX denuncia que esta división no figura en el mandato negociador aprobado por el Consejo, que exigía expresamente un acuerdo único y mixto, y que la Comisión carece de competencias para alterar por su cuenta la naturaleza jurídica de un tratado internacional ya negociado.
Además, la formación advierte de que la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia podría contribuir a retrasar la entrada en vigor del acuerdo, al introducir una necesaria revisión jurídica sobre su compatibilidad con los Tratados, y al impedir que la Comisión imponga el acuerdo sin el debido control democrático.
VOX alerta también de que la aplicación provisional del acuerdo comercial abriría la puerta a la entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de países de Mercosur sin las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores europeos, provocando una competencia desleal y un grave perjuicio para el campo español.
El acuerdo, tal y como está planteado, es incompatible con los objetivos agrícolas, sanitarios y medioambientales de la Unión y pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria de los consumidores como la viabilidad de miles de explotaciones agrarias.
Con esta iniciativa, VOX exige que sea el Tribunal de Justicia quien determine si la Comisión ha actuado fuera de la legalidad, ha invadido competencias de los Estados miembros y ha intentado imponer un acuerdo rechazado por varios países saltándose el control democrático.