La gestión de Sánchez: 100.000 empresas abocadas a la ruina

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez e Iglesias han provocado la destrucción del 7% de las empresas españolas durante la pandemia.

El número de empresas activas españolas ha recaído durante la segunda ola de la COVID-19. Desde octubre del año pasado España cuenta con 100.000 empresas menos. Este dato, recogido por la Seguridad Social a través de los códigos de cuenta de cotización, ilustra la magnitud de la catástrofe respecto a la destrucción del tejido productivo de nuestro país y pone de manifiesto uno de los principales problemas de cara a nuestra recuperación económica.

La reactivación de la economía que se produjo durante los meses de mayo y julio, en los que se recuperó el 40% del tejido productivo, se ha visto frenada por el nuevo conjunto de restricciones impuestas por el Gobierno. Éstas se sucedieron desde el día 25, cuando se decretó el tercer estado de alarma, y se han multiplicado desde entonces.

De acuerdo con la Seguridad Social, el número de empresas activas descendió en casi un 7% respecto al año pasado, siendo los datos peores que los registrados durante los meses de julio y septiembre.

Jorge Buxadé, vicepresidente de VOX y jefe de su delegación en el parlamento europeo, denunció este mismo mes en una entrevista que: “nuestro tejido productivo se encuentra en condiciones deplorables, hay más de 4 millones de jóvenes españoles que están en edad de trabajar y no pueden. Toca salvar las pocas empresas que vayan a quedar y recuperarse cuanto antes, hay que facilitar la creación de empleo, bonificar las cotizaciones de la seguridad social y bajar los impuestos de las empresas”.

 

 

Otro de los responsables del partido que se pronunció en contra de esta situación fue su vicesecretario de relaciones internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, advirtiendo que “el estado tiene que continuar ayudando a las familias y al tejido productivo para evitar que los daños coyunturales de hoy se conviertan en daños estructurales y permanentes” y planteando, en las fases más duras de la pandemia que el Estado debía hacerse cargo de pagar, durante un periodo de 3 meses, el salario de aquellos trabajadores a los que impidiera ejercer su profesión durante la crisis.