El jefe de la delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, ha registrado hoy una pregunta dirigida a la Comisión Europea después de que el pasado viernes, la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, criticara, durante una entrevista en TVE, la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en relación a su actuación en el caso de «Tsunami Democràtic».
Unas acusaciones que, explica Buxadé, el Consejo General del Poder Judicial denunció por unanimidad al considerarlas “contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”. Es por ello que el eurodiputado pregunta a la Comisión si «considera que las palabras de Ribera son un ataque a la independencia judicial». En caso afirmativo, quiere que explique «qué va a hacer Europa para proteger el Estado de Derecho en España».
También en la jornada de hoy, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso y los senadores han presentado iniciativas en las que solicitan la reprobación de la vicepresidenta Ribera. Y es que sus declaraciones se encuentran en el contexto de una campaña por parte del Ejecutivo para blanquear a los responsables del el golpe de Estado de octubre de 2017, y el terrorismo callejero que se vivió antes y después del referéndum para separar a Cataluña del resto de España.
Inconstitucional amnistía
«Parte de esta campaña es la proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, que persigue una inconstitucional amnistía de los golpistas catalanes y otra serie de actuaciones, que tienen como único objetivo el apoyo de los grupos separatistas para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno», denuncian los representantes de VOX en las Cortes.
Advierten además, en esta acción coordinada entre el Grupo Parlamentario VOX y los senadores de la formación, que «una de las actuaciones adicionales a la amnistía apoyadas por los partidos del Gobierno e impulsadas por sus socios separatistas es la de juzgar, desde el propio Congreso de los Diputados , a través de comisiones de investigación, decisiones judiciales que no son políticamente favorables a la izquierda y a los separatistas. Lo que supone un ataque hacia los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones».
Respecto al Juez García-Castellón, recuerdan los representantes de VOX en sendos escritos que «no es la primera vez que se le ataca desde el Gobierno central o de Cataluña». «A comienzos de noviembre de 2023, el Magistrado-Juez García Castellón solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial por unas manifestaciones del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio; y a otras de la portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa. Esta solicitud fue admitida a trámite por el CGPJ».
Además, la Comisión Permanente del CGPJ emitió un comunicado en noviembre de 2023 mostrando su total rechazo «ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al lawfare (judicialización de la política) contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación».
Cesar en los ataques al Poder Judicial
Es por ello que los senadores de VOX instan al Pleno del Senado a instar, a su vez al Gobierno a que «cese inmediatamente en sus ataques y críticas infundadas al Poder Judicial y a sus miembros, respete la separación de poderes y se abstenga en un futuro de realizar declaraciones que lesionen la separación de poderes o llevar a cabo actividades que tiendan a controlar al resto de poderes del Estado, manteniendo la legalidad constitucional».
Además, insta al Presidente del Gobierno a cesar a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a cuantos otros miembros del Gobierno realicen ataques similares a la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.
Por último, piden la reprobación de Ribera por sus declaraciones contrarias a la separación de poderes, comportamiento impropio de una vicepresidenta y ministra del Gobierno de España.