Del buque de Gibraltar al espionaje a niños catalanes, así vigila VOX a la Administración en el Congreso

Resumen semanal del trabajo parlamentario

Aún con la Cámara paralizada, sin pactos de Gobierno y sin comparecencias del Ejecutivo en funciones, los 24 diputados de VOX trabajan para defender los derechos de los españoles y vigilar las acciones de Administración central, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Así, durante las últimas semanas el Grupo Parlamentario VOX (GP VOX) ha presentado preguntas escritas al Gobierno relativas a la detención de un barco extranjero en aguas territoriales españolas, las consecuencias de acuerdos comerciales con Mercosur y el avance de planes de infraestructuras de transporte en distintas regiones de España entre otras cuestiones. De esta forma, los 24 de VOX cumplen con el compromiso asumido con los casi tres millones de españoles que han depositado su confianza en la formación.

Relación de preguntas presentadas por los 24 de VOX en las últimas semanas:

• Los diputados José María Figaredo, Victor Sánchez del Real, Ricardo Chamorro y Manuel Mestre han querido conocer cuáles serán las consecuencias positivas y negativas del acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y Mercosur para la ganadería, la agricultura y la ecología española así como el impacto para el empleo español. En concreto, han solicitado información sobre el impacto en la producción de productos cítricos de nuestro país, así como para los productores de carne.

• El diputado por Ciudad Real Ricardo Chamorro, ha presentado una iniciativa a la Mesa del Congreso para conocer si está ocurriendo con el recurso de Casación en el Tribunal Supremo, lo mismo que con el recurso de amparo ante el Constitucional, que experimenta una elevadísima tasa de inadmisiones a trámite. En concreto, en España sólo se admiten a trámite cuatro por cada 100 recursos de inconstitucionalidad que se presentan. Por lo que, de cumplirse este mismo ratio con los recursos de casación, no estarían garantizados ni los Derechos Fundamentales, ni el carácter inviolable de los mismos.

• El diputado por Barcelona Ignacio Garriga ha preguntado al Gobierno por dos cuestiones relativas al uso del castellano en Cataluña. La primera para saber qué va a hacer el Gobierno respecto al presunto espionaje a cargo de la Generalitat de Cataluña a escolares de 50 centros para fiscalizar el uso del catalán y del español en los recreos. El diputado ha querido conocer también qué medidas implementará el Gobierno para garantizar que la Cámara oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona utilizará el castellano en sus comunicaciones, a pesar de las declaraciones de su presidente.

• Sin salir de Cataluña, los diputados José María Figaredo, Joaquín Robles, José Ramírez del Río y María Ruiz han preguntado al Gobierno qué investigación ha llevado a cabo la Alta Inspección de Educación del Estado respecto a los hechos ocurridos en el Instituto Font D´Alba. Un centro situado en Terrassa donde una de las alumnas fue presuntamente agredida por una profesora del centro por portar una pulsera con la bandera de España.

• También José María Figaredo y María Ruiz, junto con los diputados Agustín Rosety y Víctor Sánchez del Real, se han centrado en los últimos días en la situación del proyecto de la Variante de Pajares que pretende reemplazar la actual conexión ferroviaria del Principado de Asturias con el resto de España. La construcción lleva nueve años de retraso, por lo que aún no se ha podido rentabilizar una iniciativa que hasta la fecha sólo ha supuesto gasto.

• El diputado por la provincia de Cádiz Agustín Rosety, junto con el diputado por la provincia de Alicante Manuel Mestre, han solicitado al Ministerio de Defensa la información relativa a los resultados de la aplicación de la Ley 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería en relación a los militares afectados por su cese al cumplir los 45 años. En concreto, ambos diputados, generales en situación de retiro, quieren esclarecer en qué se ha traducido la aplicación de esta ley y cuáles han sido los resultados obtenidos.

• El pasado 4 de julio se produjo en aguas territoriales españolas del entorno de Gibraltar la detención del petrolero extranjero ‘Grace 1 por la presunta vulneración de medidas y sanciones de la Unión Europea. Un incidente en el que se vieron involucradas tropas de terceros países y miembros de la Guardia Civil. Es por ello que Agustín Rosety, junto con el diputado por Badajoz Victor Sánchez del Real, han presentado una serie de preguntas al Gobierno para esclarecer por qué no se proporcionó información oficial sobre lo sucedido.

Víctor Sánchez del Real también ha pedido información relativa al compromiso con el tren de alta velocidad a Extremadura para saber cuál es la fecha prevista para la puesta en servicio, los tiempos de recorrido, la velocidad media, así como el porcentaje de recorrido que está ya presupuestado y completado.

• El diputado de por Zaragoza, Pedro Fernández, ha solicitado información relativa a los fondos públicos destinados a la prevención, limpieza, recuperación y mantenimiento de los caminos, cauces y riberas del Ebro en Aragón.

Pablo Sáez, diputado por Valladolid, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre las ratios, medios materiales disponibles y planes existentes para reducir al mínimo el número de agresiones en los Centros Penitenciarios. Una pregunta que llega después de que el pasado 20 de julio un recluso agrediera a cuatro funcionarios en el módulo III de Perogordo (Segovia). Tres de los trabajadores tuvieron que ser trasladados al hospital con heridas de diferente consideración

• Asimismo, Sáez registró un nuevo escrito sobre el proyecto de Mejora de Capacidad y Funcionalidad de la Autovía de Castilla (A-62) a su paso por la localidad vallisoletana de Simancas. El diputado reclama que se «recojan las propuestas de los vecinos para que puedan ser analizadas y debatidas y conocer cuál será el impacto real de la ejecución del proyecto en sus vidas”.

• Además, el GP VOX ha presentado esta semana dos iniciativas en defensa de los funcionarios de prisiones: una proposición no de ley para reclamar la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones, la creación de un Estatuto para este colectivo y la mejora de sus condiciones laborales con más medios materiales y humanos, y una proposición de ley para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de forma que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como Agentes de la Autoridad.

• También se ha dirigido un escrito a la Mesa del Congreso para instar a la repetición del procedimiento abierto de concurso público para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE.