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21/03/2018 ›

Pensiones o autonomías

Las calles han vuelto a ser el pasado fin de semana el escenario elegido por los ciudadanos para canalizar sus reivindicaciones. Este fin de semana han sido los pensionistas reivindicando unas pensiones dignas y reclamando blindar en la Constitución el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.  

Otra vez volvemos a constatar cómo los partidos de izquierda pretenden sacar provecho intentando capitanear las protestas de un colectivo que merece toda nuestra consideración y apoyo. Es también digno de mención, y creo que no hace ningún bien a quienes se manifestaban, la proliferación en Madrid de banderas republicanas (no vi una sola bandera de España), banderas rojas, todo tipo de pancartas y eslóganes preparados por la extrema izquierda de Podemos o incluso lazos amarillos en apoyo de políticos que están siendo juzgados por cometer un golpe de estado. Resulta inconcebible la falta de reacción de los manifestantes ante quienes, hasta hace poco, les consideraban un estorbo en su lucha por alcanzar el poder.

“La reivindicación de pensiones dignas es un tema de justicia y responsabilidad y sobre ambas premisas se debería fundamentar la propuesta que debe hacerse a los ciudadanos.”

Si hablamos de justicia no es razonable plantear índices de revalorización del 0,25% a pensiones mínimas que, para titulares con más de 65 años sin cónyuge o personas viudas, ascienden a 639,3 euros mensuales (484,1 euros en pensiones de viudedad para titulares con menos de 60 años). Es de justicia asegurar que su revalorización no puede ser inferior al incremento real de los precios.

Responsabilidad significa afrontar los asuntos desde la realidad y no proponer soluciones insostenibles ni populistas. La realidad es que nos encontramos ante una estructura poblacional en forma de pirámide invertida, ante un aumento gradual de la esperanza de vida y ante el hecho incontestable de envejecimiento de la población. Asistimos en estos últimos años a un continuado aumento de la tasa de dependencia, aumento que será más fuerte en años venideros  como consecuencia de la jubilación de la generación del “baby boom”. Debemos ser conscientes que hoy existen 2,2 cotizantes por cada pensionista pero que, de acuerdo a lo publicado por la OCDE, la ratio descenderá a 1,2 en la década de 2050.

Responsabilidad es por poner encima de la mesa los datos demográficos pero también la situación de las cuentas públicas. Las cuentas de la Seguridad Social han registrado déficits en los últimos años (hemos pasado de 10.131 millones de euros de déficit en 2012 a 18.800 millones de euros en 2017), se ha produciendo una vaciamiento importante del Fondo de Reserva de las Pensiones y se recurrió al endeudamiento para financiar el déficit de 2017 (se recibió un préstamo de 10.100 millones de euros) y se recurrirá para financiar el previsto para 2018 (se estima un préstamo adicional de 15.000 millones de euros).

La realidad es que en el contexto actual de aumento de la tasa de dependencia y de déficits continuados en las cuentas de la Seguridad Social, es clara le necesidad de abordar un cambio para que los ingresos no provengan tan solo en las cotizaciones sociales sino que las mismas se complementen con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, y con objeto de no incrementar la presión fiscal de los españoles, se debe acometer un análisis serio y profundo de la estructura del gasto público en España con objeto plantear una reasignación completa de los recursos del estado. El objetivo es claro:

Reducir gastos innecesarios con objeto de disponer de fondos suficientes para atender al pago de las pensiones.”

Desafortunadamente no vemos propuestas concretas de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Unos porque piensan que los recursos son ilimitados y otros porque no tienen la más mínima intención de acometer una valiente reducción del gasto público que ponga en peligro sus privilegios y les prive de la partida del presupuesto sobre la que edifican su influencia y su poder. Lo hemos observado en estos años con el gobierno del PP en los que lo habitual ha sido el recurrir a la emisión de deuda, que ha aumentado en más de 400 mil millones de euros en seis años y que la sitúa en 24.590 euros per cápita en diciembre de 2017 frente a los 15.881 euros per cápita existentes cuando llegó al gobierno en 2011.

Hemos de contestar por tanto a la pregunta: ¿De dónde se puede reducir gasto público?

La respuesta es clara: hay racionalizar y simplificar la estructura del estado. Las Comunidades Autónomas han añadido un nivel administrativo adicional en el funcionamiento del Estado. Han replicado casi todas las instituciones del Estado (fundaciones, agencias, observatorios, entes públicos, televisiones, embajadas…) y han añadido el coste de mantener 17 parlamentos autonómicos con sus más de 1.200 diputados, todos ellos bien rodeados de su correspondiente séquito de asesores y enchufados.

Debemos preguntarnos ¿Cuántos cargos políticos sobran?, ¿Se deben mantener (por ejemplo) unas televisiones autonómicas que nos cuestan más de 980 millones de euros cada año?, ¿Tiene sentido desaprovechar sinergias derivadas de unificar y centralizar actividades?

Las Comunidades Autónomas obstaculizan la unidad de mercado, dificultan la movilidad de los profesionales debido a barreras lingüísticas, son fuente de ingente normativa que dificulta el emprendimiento, la creación y el crecimiento de las empresas, multiplican el gasto por la existencia de duplicidades, excesos y redundancias. Las autonomías españolas tienen mayor nivel de competencias y gasto que las regiones de cualquier otro país del mundo. Aproximadamente tienen el 56% de las competencias y del gasto público total.  En la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo, es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. En España hemos asistido a como se transferían competencias como contraprestación a apoyo político en lugar de atender a criterios de eficiencia y coste.

Mención aparte suponen las empresas públicas autonómicas. Un informe del Tribunal de Cuentas cifraba en 52.000 millones de euros el coste de las empresas públicas autonómicas entre 2010 y 2014, de las que 30.000 millones fueron en ayudas públicas directas y 22.000 millones por las pérdidas acumuladas en el periodo mencionado. Eso sin contar los datos de del enorme entramado empresarial de la Generalidad catalana, cuyas cuentas de 2014 no le fueron facilitadas al Tribunal de Cuentas. Comentar así mismo que tampoco se puede perder de vista el hecho que, al tener en la mayor parte de los casos como cliente a la misma administración autonómica de la que dependen, aterrizan en las mismas multimillonarias cantidades de dinero por la vía de la prestación de servicios. El entramado empresarial de las autonomías es muy heterogéneo, pero es indudable que existen grandes posibilidades de ahorro si se realiza un pormenorizado análisis de su necesidad y eficiencia.

Expuesta la necesidad de acometer a corto plazo un cambio en la financiación de las pensiones y de reducción de gasto político, debemos tratar de pensar en el medio y largo plazo. Para ello debemos plantear el tanto modelo de Estado que queremos como el modelo del sistema de pensiones al que aspiramos. La posición de VOX es clara:

“Debemos reducir el tamaño del Estado eliminando las autonomías y dotar a los futuros pensionistas de medidas que permitan complementar las pensiones que reciban”

Las estimaciones realizadas, manteniendo las medidas tomadas en las leyes 27/2011 y 23/2013,  sobre la tasa de reemplazo (porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral) de las pensiones la sitúan en un nivel inferior al 50% en 2060 frente al 82% actual. Esta tendencia no parece que vaya a ser revertida a la vista de las medidas que parece que aprobará el gobierno en cuanto al incremento de las pensiones mínimas vía complemento de mínimos.

“El sistema que propone VOX en un sistema mixto de capitalización y reparto que permita, con los ahorros obtenidos de la eliminación de las caras e ineficientes autonomías, garantizar una pensión mínima digna y disponer de ahorros adicionales a los trabajadores.”

El sistema propuesto por VOX implica consolidar el ahorro del gasto político mediante la reducción del tamaño del Estado que supondrá principalmente la eliminación de las autonomías y dedicar los ahorros obtenidos (sin necesidad por tanto de aumentar impuestos o cotizaciones sociales) a financiar un modelo  que busque por un lado mantener unas pensiones mínimas dignas que no pierdan poder adquisitivo con los años y por otro a permitir que parte de las aportaciones realizadas con carácter obligatorio se destinen a una cuenta propiedad del trabajador. De este modo, los trabajadores dispondrán, en la fecha de su jubilación, tanto de los ahorros aportados como de los rendimientos generados y su importe podrá ser heredado por sus familiares en caso de fallecimiento. Este sistema se complementaría con aportaciones voluntarias a planes de pensiones que, en el ejercicio de su libertad, puedan hacer los trabajadores para mejorar su pensión futura.

Sabemos que para ello se necesitará un periodo de transición que requerirá años y por ello es necesario acometer el cambio cuanto antes, comenzando por los nuevos trabajadores que se incorporen o se hayan incorporado hace poco al mercado laboral. La responsabilidad de los gobernantes es asegurar que, mientras los ahorros obtenidos de reducir el tamaño del Estado y los mayores ingresos provenientes de crecimiento del empleo y de su productividad lo permitan, las pensiones (no solo las mínimas cuya revalorización de acuerdo al incremento real de los precios debería estar garantizado por Ley) no pierdan poder adquisitivo.

Esta es mi opinión.

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

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